Necesaria Rectificación del Sistema Político
El pueblo hondureño ya se ha autodeterminado por la democracia como ideal, objetivo y forma de gobierno para garantizar la libertad y la dignidad de la Nación y hacer posible una vida social que ofrezca igualdad de oportunidades y posibilidades a todas y todos sus habitantes para su progreso personal, su participación en el proceso de desarrollo nacional y en el aprovechamiento de sus beneficios.
En esa virtud, la democracia constitucional de Honduras, más que tema objeto de estudio académico, es una realidad esperada cuya presencia o ausencia en nuestra forma de gobierno y en nuestra vida social, se expresa en las condiciones de subsistencia y de calidad de vida en que nos encontramos, debido a la manera como se ha ejercido por los titulares de los Poderes del Estado la forma democrática, republicana y representativa de gobierno, así como a la actitud de la ciudadanía para contribuir a la efectividad democrática con el cumplimiento de sus deberes y de su responsabilidad solidaria para asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas.
Honduras es considerada internacionalmente como una “democracia restaurada” o en transición democrática, aún cuando, hasta ahora, continúe en el umbral inferior de dicha transición y comportándose como una democracia electoral y de subsistencia, a lo que se agrega una crisis política generalizada que refleja una crisis social porque hay conflictos de valores entre la sociedad y los dirigentes del sistema político, y hay conflictos de intereses entre quienes gobiernan y dirigen partidos políticos y otros grupos de poder. Esa crisis explica el continuo alejamiento entre gobernados y gobernantes y la progresiva pérdida de confianza ciudadana en el sistema político nacional.
En esa situación de confusión e incertidumbre, la ciudadanía debe prevenir la distorsión de la verdad democrática que, por razones de intereses particulares, atribuyen insólitamente el mal gobierno y la corrupción a la institucionalidad constitucional formal, buscando desviar la atención de la causa cierta que es la manipulación degenerante en la selección de los ciudadanos y ciudadanas para representarnos en el servicio público, y cuya gestión pública queda así sometida a los mismos intereses o grupos que, por esa vía, han ejercido realmente el poder dentro del Estado.
Si quienes dirigen el sistema político nacional continúan procesando únicamente temas y oportunidades electorales y ganancias personales; y si, sus integrantes y los diferentes gremios o sectores, se rehúsan a desistir y continúan creando situaciones que tienden a desprestigiar la institucionalidad democrática o a encubrir sus propias responsabilidades en la escogencia irregular de los titulares de la misma: es más que evidente su responsabilidad agravada en cuanto al mal gobierno y al condicionamiento adverso de esos “representantes” al progreso nacional.
Ante esas circunstancias, la ciudadanía se ve compelida a pugnar por la remoción de esos dirigentes políticos o titulares institucionales como garantía indispensable de la consolidación democrática y el desarrollo nacional. Objetivo que requiere de la acción ciudadana efectivamente encaminada a lograr tanto la garantía de rectificación o de remoción de quienes dirigen el sistema político nacional, como también la garantía de la misma ciudadanía que, por su parte, debe cumplir con estándares éticos mínimos de comportamiento social en la familia, comunidad local, organizaciones sociales y privadas, y en la comunidad nacional.
Ese afianzamiento de responsabilidades conjuntas permitirá fomentar la confianza entre el pueblo, como soberano, y quienes integran el sistema político; ubicando en su sitio debido el desempeño de la institucionalidad pública en su responsabilidad de servicio exclusivo al bien común de la hondureñidad, con el apoyo de una mejor representación política y de una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Esa garantía interna, tanto de quienes dirigen la institucionalidad pública como de la ciudadanía, lo será asimismo de legitimidad internacional en cuanto a nuestro proceso de democratización integral, al inscribirse en el postulado universal según el cual la democracia es una condición constantemente perfeccionada y siempre mejorable.
Construyamos y vivifiquemos así nuestra propia “cláusula democrática” nacional y proyectémoslas dignamente en la comunidad internacional, poniendo la política al servicio de la sociedad como instrumento del necesario cambio estructural para posibilitar condiciones y hechos que acrediten un buen gobierno, una buena ciudadanía y un camino cierto a nuestra democracia y a nuestro desarrollo nacional, en orden a asegurar condiciones básicas de vida digna para todas las personas y de mejoramiento progresivo de su calidad.
Invitemos, desde la sociedad, a los Estados con los cuales Honduras mantiene relaciones diplomáticas y a las organizaciones internacionales en las cuales participa como miembro, a que cooperen a hacer realidad esa cláusula de legitimidad democrática, fundamentándonos en lo siguiente: A. La reafirmación constante por la comunidad internacional en cuanto a que: “La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en su participación plena en todos los aspectos de su vida”; B. El estímulo a un “ nuevo estilo de cooperación internacional a favor de la democratización” se busca también por el movimiento mundial de las Conferencias Internacionales de las Democracias Nuevas o Restauradas que (con la participación de Gobiernos, parlamentos y organizaciones de sociedad civil) que se celebran periódicamente en cooperación con las Naciones Unidas; y C. La convicción interamericana de que, más allá de la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, la misión de la Organización de los Estados Americanos, debe ser “una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno”:
Como conclusión de nuestros artículos en esta materia, someteremos, a la reflexión y acción de la ciudadanía, propuestas específicas conducentes a reencontrar nuestro camino como Estado democrático de Derecho y a avanzar ciertamente en la transición hacia su consolidación.
